Lo verdaderamente importante presenta: el populismo penal, un lastre para la sociedad
En la carrera de Periodismo se va aprendiendo día a día nuevos aspectos del futuro profesional, como ocurre con todos los demás estudios universitarios; sin embargo, también se adquieren conocimientos que distan de estar asociados, al menos explícitamente, en el "mundillo". Por ejemplo, el siempre complejo entramado de la filosofía política que, de por sí, a no ser que se quiera ser un periodista especializado en el tema, no resulta indispensable para la labor del periodismo. Hoy hablaré en el blog de un espinoso tema: el populismo penal.
El populismo penal consiste en adoptar políticas en materia de seguridad a través de las cuales se utiliza el derecho penal de manera demagógica. Se trata de un conjunto de políticas que, lejos de contribuir a un descenso de la criminalidad, infunden miedo en la sociedad mediante acciones represivas y medidas punitivas. Por lo tanto, el poder, amparado en los medios de comunicación, crea miedo con el objetivo de llegar a un consenso electoral basado en la manipulación del electorado. Y esto, aunque esté solapado por una población poco consciente de su sometimiento, se da en muchos países democráticos occidentales (ya ni hablemos de los que no lo son). Es decir, estamos terriblemente influenciados por unos medios que nos venden la moto por orden de los poderes que nos gobiernan.
Los mensajes de este populismo penal están claros: primero, nos hacen creer que la "verdadera" criminalidad es la de la calle, no la de los dirigentes corruptos; segundo, cambian el significado de "seguridad", que pasa de entenderse como "seguridad social" (estado de derecho) a entenderse como "seguridad pública" (formas del orden público -policía- más las medidas punitivas); y tercero, nos invitan a fabricar miedo, en lo que nos explica el más que coherente nexo entre poder y miedo. Estos tres mensajes nos conducen a una política de "tolerancia cero" que fomenta el derecho penal desigual: el cese total del crimen en un espacio de máxima desigualdad y discriminación.
Para más inri, estas políticas tan nocivas para la sociedad en su conjunto tienen unos efectos contrarios a los deseados: aumentan exponencialmente el número de encarcelados sin que esto signifique un descenso igual de importante en la tasa de criminalidad. Y esto se debe, básicamente, a cuatro aspectos:
1. Estas regulaciones son inaplicables (solo importa su valor simbólico y propagandístico).
2. Son normas criminógenas, empujan a continuar o incrementar la ilegalidad.
3. Se construye un derecho penal en el que es más importante la exclusión y la penalidad.
4. Debilitan la lucha contra la criminalidad al agotar el tejido civil sobre el que se asienta toda sociedad democrática.
Por último, solo me queda resaltar que estas políticas solo actúan contra un determinado grupo social: los pobres. Sí, han leído bien, solo los pobres cometen delitos lo suficientemente graves como para ser juzgados con estas leyes tan dañinas. El encarcelamiento masivo del que hablaba antes, es un encarcelamiento de la pobreza, y el derecho penal discriminatorio lo es porque ha degenerado en un derecho clasista que se convierte en inflexible contra los más pobres y en moderado (incluso pasivo) contra los más poderosos. Un veneno racista que se inyecta a la sociedad civil a través de los medios de comunicación.
En definitiva, vivimos en una sociedad controlada por los medios que, a su vez, están controlados por los poderes públicos, los cuales tratan de construir una sociedad temerosa, insegura, más fácilmente controlable. ¿Hasta cuándo permanecerá impasible dicha sociedad? Si fuera capaz de salir del letargo, ¿qué acciones podría tomar para intentar acabar con esta situación? Sin duda, no va a ser fácil lograrlo, pero no debemos caer en la desidia y en la apatía contra estas injusticias.
Christian A.A.S.
