Lo verdaderamente importante presenta: jueces pagados en Madrid por una empresa privada, ¿atentado a la democracia?
La empresa tecnológica Indra ha pagado sobresueldos a varios magistrados de la Comunidad de Madrid por trabajar como asesores en la implementación del programa informático que agilizará los procesos judiciales en la comunidad, supuestamente por orden de la propia Consejería de Justicia de Madrid. Hoy en el blog hablamos de un nuevo escándalo que sacude, pocos días antes de saber cuál será el candidato a la presidencia, los cimientos del PP madrileño.
Los pagos se recibirían por asesorar a los técnicos de Indra durante la creación del programa informático en cuestión. Los jueces afirman que, debido a que se trata de una acción que no está dentro de sus funciones, deben ser retribuidos de alguna forma. El Código Penal explica, a su vez, que la función de juez es incompatible "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella". Por tanto, lo reprobable no es que se esté cobrando legal o ilegalmente, porque parece que todo es correcto, sino que quien paga es una empresa privada, en vez de ser una pública la que lo haga. Los magistrados se empeñan en defender que merecen ser recompensados por la labor que desempeñan, la cual realizan "al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello", olvidándose de que "un juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada".
Toda esta trama se destapó por la investigación del caso "Púnica", que lleva dando guerra todo este pasado año y que ha supuesto la dimisión, por ejemplo, del alcalde de Valdemoro, que militaba en el PP. "Púnica" está investigando las relaciones comerciales entre la empresa Indra y el ICM (la Agencia Informática y de Comunicaciones de la comunidad de Madrid), una institución de carácter público. Parece que el gobierno de Madrid va a tener que dar algunas explicaciones de lo ocurrido. Teniendo en cuenta lo que se juegan en menos de 4 meses, yo lo haría, y me encargaría de que fueran lo suficientemente aceptables y creíbles.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Tras hablar en el blog de la imputación de Cristina Fernández el pasado sábado, hoy nos toca recordar lo que ya dije en esta entrada: España es un país que se hace llamar democrático pero que falla en lo primordial, en la primera condición para autoproclamarse democrático: la separación de poderes COMPLETA. No vale con que haya un Parlamento y un poder ejecutivo "fiables", ni vale con que la gente acuda a votar como cíbers, sin saber a quién vota; lo que se necesita, de una vez por todas, es un poder judicial fuerte e independiente al que no le tiemble el pulso a la hora de defender los intereses de la población, no de los supuestos representantes de la nación. ¿Cuándo llegará este momento? No lo sabemos, pero puede que las próximas elecciones generales nos den una idea.
Christian A.A.S.
